El Consejo Regulador de las IGPs Ternera Gallega y Vaca Gallega-Buey Gallego ha manifestado su preocupación por las posibles consecuencias del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Mercosur sobre el sector de vacuno gallego, sumándose a las reclamaciones de las agrupaciones ganaderas. El organismo advierte de que el tratado podría favorecer la entrada de carne procedente de terceros países con normativas menos exigentes en calidad, sostenibilidad y bienestar animal que las europeas.

"Desde las IGPs Ternera Gallega y Vaca Gallega-Buey Gallego reclamamos medidas efectivas y mutuas para poder competir en igualdad de condiciones y garantizar la seguridad alimentaria, la viabilidad del sector y el futuro de nuestro medio rural", señala Jesús González Vázquez, presidente del Consejo Regulador.

El acuerdo con Mercosur facilitará la entrada de carne de América del Sur, con costes de producción más bajos, pero también con menores exigencias sanitarias, medioambientales y laborales. Ante esta situación, el Consejo exige a las administraciones salvaguardas y controles reales que eviten situaciones de competencia desleal y protejan la carne de vacuno gallega.

Las ganaderías inscritas en Ternera Gallega y en Vaca Gallega-Buey Gallego destacan por su origen certificado y trazabilidad completa, gracias al sistema de control del Consejo Regulador que abarca todas las fases de la cadena: explotaciones, industrias cárnicas y puntos de venta. Además, cumplen con los estándares de bienestar animal.

Los sellos europeos de calidad, identificados con sus logotipos y distintivos IGP (Indicaciones Geográficas Protegidas), garantizan a los consumidores un producto seguro, sostenible y diferenciado, y su importancia se ve reforzada frente a la entrada de productos de terceros países.

El Consejo Regulador subraya que las Indicaciones Geográficas Protegidas favorecen la producción tradicional, vinculada a pequeñas y medianas explotaciones familiares que contribuyen a mantener vivo el medio rural gallego.

Actualmente, más de 8.000 explotaciones están inscritas en Ternera Gallega, muchas en zonas de media y alta montaña, fijando población y asegurando la viabilidad socioeconómica y medioambiental del territorio.

"Resulta paradójico que se exija a los ganaderos reducir emisiones, mientras el tratado permite importar carne desde países lejanos con una mayor huella ambiental", subraya González Vázquez.

"Es necesario garantizar estabilidad, apoyos económicos y políticas que protejan al sector primario, así como la defensa de los productos de calidad diferenciada y la transparencia en el mercado", concluye el presidente.

El Consejo Regulador respalda las demandas del sector para mantener el nivel de financiación de la Política Agraria Común (PAC) en el próximo período, conservar los pilares de ayudas directas y desarrollo rural, simplificar la burocracia que afecta negativamente a los ganaderos y fomentar la incorporación de jóvenes al sector primario.